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La tramitación de una autorización ambiental integrada de actividades contaminantes como la valorización de residuos peligrosos, conforme al Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, incluye todos los mecanismos de control de la producción y gestión de residuos excepto la concesiones que deban exigirse para la ocupación o utilización del dominio público, siendo la Consejería con competencias ambientales de la Comunidad Autónoma las que tramitan el procedimiento, debiendo coordinarse con la Administración estatal, al ser la competente para autorizar la industria.
Derecho Medioambiental: Contaminación
El procedimiento se inicia con una solicitud de autorización en la que debe describirse las medidas previstas y acompañar un informe de compatibilidad urbanística al Ayuntamiento o copia de la solicitud presentada ante éste y un proyecto básico donde recoja todas medidas de gestión de residuos y las medidas relativas a la aplicación del orden de prioridad que dispone la jerarquía de residuos y la autorización de ocupación de dominio público.
Tras la presentación se abre por el órgano ambiental de la Comunidad un período de información pública 30 días y se remite para informe de todas las administraciones con competencia en la actividad que se va realizar, además de requerirse informe de la Cuenca Hidrográfica que tiene un plazo de seis meses para emitirlo, posteriormente se realiza una propuesta de resolución y un trámite de audiencia a la mercantil solicitante de la autorización y se dicta resolución debe contener la autorización para todas las actividades descritas , art 22 de RD. Legislativo 1/2016.
La autorización se debe referir a los valores límite de emisión en condiciones normales y en caso fugas, las prescripciones para protección del suelo y el agua subterránea, los requisitos pH, temperaturas. Respecto tratamiento de residuos mediante valorización debe tomarse las medidas que establece el art 27 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, con enumeración expresa del tipo de residuos con condigo LER, las mediciones y frecuencia, los procedimientos para tratamiento de los residuos que produce. Los residuos tratados peligrosos deben contener una lista de las cantidades de los distintos residuos peligrosos que se puede tratar y los flujos mínimos y máximos de los valores caloríficos y el contenido de sustancias contaminantes.
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La autorización también debe referirse a las condiciones para el cierre de la instalación, la información sobre emisiones y valores limites que debe comunicar una vez al año, medidas de supervisión evitar emisiones al suelo y agua subterránea.
La empresa podría quedar exenta de presentar una garantía financiera, si está adherida sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), bien al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001 conforme art 28 b) Ley 26/2007 de 23 de octubre de 2007 y debe acreditar el pago canon de control de vertidos, canon por la utilización de los bienes de dominio público.
